í‚¿Qué tienen en común la crisis en el INDEC, el fuego en el buque Almirante Irizar o la inseguridad que hace tanto nos agobia?
Por Santiago Mariani
A diario los diversos medios de difusión describen cuestiones dramáticas, problemas puntuales que parecen no tener relación mas allá de la indignación o consecuencias que nos producen pero existe un factor común a todos ellos.
Las diversas cuestiones que nos suceden están demostrando el déficit enorme por parte del Estado para brindarnos aquellos servicios necesarios e indelegables que el mercado no puede proveernos.
Entendemos que el déficit en cuestión no se explica a priori por la gordura o flaqueza del Estado, es decir, por el tamaño del gasto en relación con el PBI. Hay estados exitosos donde el gasto del Estado llega a representar casi el 50% del PBI y casos de Estados donde siendo el monto del gasto mucho menor el fracaso sigue siendo su característica. En los 90í¢â‚¬â„¢ se pensaba que la sobredimensión del Estado era la causa de nuestros males y que privatizando terminaríamos de raíz con la cuestión. Ahora muchos piensan que el supuesto adelgazamiento del Estado produjo como resultado la crisis que estamos viviendo al habernos dejado indefensos frente a las fuerzas del mercado y debemos entonces involucrar al Estado en áreas claves de la economía, hacerlo de nuevo protagonista recuperarando su rol como árbitro. Ambas posturas, que ponen el acento en la dimensión del Estado y en el rol que puede jugar, dejan de poner el foco en la cuestión central que es la falta de una carrera administrativa, estable, seleccionada por concurso y en base al mérito así como las consecuencias que se generan por no contar con ella.
Intentaremos describir esta tesis siendo conscientes que abordamos un tema de enorme complejidad – la falta de una carrera administrativa y las consecuencias que genera- de la manera más breve posible aún a riesgo de simplificar varias cuestiones esenciales.
La falta de una carrera administrativa en el Estado y el enorme poder discrecional por parte de los Gobiernos de turno nombrar a los amigos, parientes o amantes solamente para devolver favores políticos o para financiar las aventuras políticas es la tesis que aventuramos para explicar nuestro fracaso y representa nuestra propia incapacidad de contar con un Estado confiable, que cumpla con su rol y que nos asegure el uso racional de los recursos que tributamos.
Esta incapacidad del Estado y el crecimiento del poder discrecional para nombrar a dedo es una característica que de modo creciente siguen practicando los sucesivos gobiernos desde 1983 a la fecha. Este carácter, aún con modelo privatizador de los 90í¢â‚¬â„¢ o el actual de intervención, se viene acentuando, se sigue perpetuando y disimulando de diversas formas.
Sin ese régimen de carrera profesional estable, apartidario, y cuyo selección sea hecha únicamente en base al mérito los sucesivos gobiernos seguirán fracasando en su gestión aún si llegan con una gran dosis de voluntad política y buenas intenciones.
En varios países con tradición seria de carrera administrativa y reglas muy claras de ingreso al sector público, llegar a servir al Estado es un mérito y un orgullo porque los mejores son los que se seleccionan y esa selección se hace exclusivamente en base a la idoneidad. En estos casos los gobiernos tienen muy pocas posibilidades de nombrar a discreción y solamente pueden llegar con su equipo de asesores que se retira al término del mandato del funcionario electo. La militancia o la afiliación partidaria no es el camino a un puesto de por vida en el Estado y muy por el contrario los gobiernos no tienen poder para remover o cambiar a quienes fueron seleccionados por un concurso para ocupar áreas claves de gestión y ejecución de políticas públicas de largo plazo y en donde se requiere de una alta capacitación para implementarlas. En síntesis, en los procesos electorales se ponen en juego los cargos electivos pero no los de la administración.
En este grupo de países, los distintos gobiernos llegan al poder interpretando los distintos humores colectivos y a través de la representación le imprimen su color a la gestión o al mandato que le otorga la ciudadanía. Por debajo está la burocracia profesional que tomando nota de los vientos políticos que soplan hacen funcionar al Estado de manera eficiente. Los funcionarios pasan y los burócratas profesionales permanecen, asegurando que las políticas públicas se implementen y que el Estado funcione para el beneficio de todos.
En nuestro caso quien llega al poder a través del voto interpreta que ese mandato le otorga un enorme poder para nombrar a aquellos que lo acompañaron o hicieron posible su llegada al poder. Esas personas nombradas por exclusiva voluntad del príncipe de turno reciben en la mayoría de los casos un contrato que luego es confirmado de por vida aún cuando nuestra Constitución postula únicamente la idoneidad como forma de acceso al Estado. Los contratados, que luego pasan a formar parte del personal de planta permanente por distintos métodos de presión, van conformando las distintas capas geológicas que pueblan a nuestro Estado. Muchos se benefician de esta forma de selección en el Estado, la clase política con algunas excepciones no la cuestiona o no intenta cambiarla, y las consecuencias las terminamos asumiendo todos.
Veamos algunas cifras y casos.
En un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), elaborado a partir de los datos publicados por la Secretaría de Hacienda en la página web del Ministerio de Economía, y divulgado por La Nación hace algún tiempo (http://www.lanacion.com.ar/economia/nota.asp?nota_id=871771) se pone en evidencia que el Estado ha contratado 40 empleados por día, agregando unos 10.000 a los numerosos que hay en la estructura federal de gobierno y que llegan a ser unos 283.000. Estas designaciones, dentro del mayor empleador de nuestra economía que es el sector público, se produjeron desde el segundo semestre de 2005 a la fecha según dicho informe y en raras excepciones fueron hechas en base a concursos públicos y transparentes.
Existen numerosos casos que también se dan en los diferentes niveles de gobierno y con las mismas características. Nombrarlos haría muy extenso y quizá muy angustiante este pequeño informe pero en todos ellos o en la mayoría de ellos la ciudadanía percibe que quienes son nombrados de esta particular forma luego pasan a cobrar sin trabajar y a engrosar ese Estado í¢â‚¬Å“clientelistaí¢â‚¬Â que no presta de manera eficiente ninguna contraprestación ni beneficio al bien común. Los empleados públicos terminan siendo de esta forma personas que se apropian de la renta pública generando un enorme perjuicio para el erario público.
El caso INDEC es paradigmático en este sentido ya que representaba uno de esos últimos reductos o islas que no estaban intervenidas o a merced de la corporación política. La intervención del organismo, que estaba integrado por profesionales seleccionados en base a un concurso y con supuesta estabilidad en sus carreras, es otro de los ejemplos que deberían hacernos corregir drásticamente el curso actual. Este caso debería servir para fomentar un debate público acerca del tipo de Estado y la administración pública que queremos tener en nuestro país.
Mediante este debate deberíamos fomentar un acuerdo en la clase política para respetar el espíritu y la letra de nuestra Constitución en relación a la selección de los cargos para el Estado. Una nueva dirigencia que se animara con coraje a adoptar y respetar ese acuerdo mediante el cual los empleados públicos de la administración sean profesionales y no partidarios nos llevaría de nuevo a ser un país grande y próspero.
La distinción por la cual los gobernantes deben ocupar los cargos electivos y los profesionales de carrera poblar la administración mediante concursos debería ser el eje estructurante de este nuevo acuerdo.
La falta de una carrera administrativa y las consecuencias que genera es la madre del borrego, es uno de los mayores desafíos que debe afrontar nuestra generación.
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Santiago Mariani