Análisis de la situación de los índices y encuestas en Argentina por Joaquín Morales Solá.
La Nación
7 de Setiembre de 2007
La política argentina se parece cada vez más a un barco sin brújula. La destrucción de la principal agencia de estadísticas, el Indec, terminó mostrando inciertos datos sobre los vaivenes de la economía y sobre las fluctuaciones sociales. El domingo, los encuestadores con mayor fama del país se equivocaron en Santa Fe y Córdoba en una dimensión tan grande que no podría justificarlo ninguna razón técnica y honesta.
í‚¿Cuánto subió el costo de vida en los últimos dos meses? í‚¿Son creíbles, acaso, los datos suministrados ayer por el Indec, que informó que la inflación de agosto fue sólo de un 0,6 por ciento? No habrá madre ni padre de familia, si es que frecuentan las góndolas de los supermercados, en condiciones de homologar esa irrisoria cifra. Para peor, lo que más aumentó, según la percepción social, es el precio de los alimentos, lo único imprescindible -junto con los medicamentos- en la vida de la gente común.
Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, se transformó en un mastín viejo y bueno. Su inicial método prepotente era malo, pero tampoco es buena la estrategia elegida ahora por el Gobierno. Ella consiste en matar el mensajero, el Indec, de un virtual sinceramiento de los precios de los productos privados. Sólo las tarifas de servicios públicos podrían estar seriamente atrasadas cuando le toque el turno del poder a Cristina Kirchner, si realmente resulta elegida, y si su esposo no hace algo para ayudarla en la transición entre el 28 de octubre y el 10 de diciembre.
Sincerar los precios no sería una mala receta si el Gobierno no se hubiera impuesto, a cambio, la necesidad de pulverizar la credibilidad del histórico instituto de estadísticas. Ninguna economía puede manejarse eficientemente con datos falsos. Moreno dejó de zapatear sobre los empresarios, pero sacó y puso funcionarios en el Indec y perforó, sobre todo, el secreto mejor guardado de ese organismo: dónde, cómo y cuándo se medía todos los meses el costo de vida. El secretario de Comercio se conforma ahora con maquillar la inflación en los lugares donde sabe de antemano que irán los inspectores del Indec.
El Indec mide muchas otras cosas: el crecimiento de la economía, la evolución de los distintos sectores de la producción, el empleo, el desempleo, la pobreza y la indigencia, entre varias más. í‚¿Cómo creer que estas mediciones estarían bien si los cálculos de la inflación se parecen cada vez más al dibujo de un artista sin genio? í‚¿Cómo, además, si los porcentajes de la inflación condicionan en gran medida las otras mediciones? Sea lo que fuere que haga el próximo gobierno, la restauración de la credibilidad del Indec es una tarea que se medirá en años después de la manipulación a la que se lo sometió en los últimos meses.
Los encuestadores no tienen remedio. Como Natalio Botana lo señaló acertadamente ayer en LA NACION, «ellos intervienen como actores al servicio del poder» en lugar de hacer lo que deberían saber hacer: anticipar de la manera más fiel posible la opinión electoral de la sociedad. En un país con tanto desequilibrio entre los recursos del poder y los de sus rivales, el Gobierno es el único que está en condiciones de pagar suculentos contratos a los encuestadores. Y éstos parecen haber hecho suyo el viejo axioma de los sastres y de los almaceneros: el cliente siempre tiene razón. En el caso que nos ocupa, el cliente siempre gana en las encuestas que ellos escriben.
Desde hace algunos años, en el mundo se ha instalado una política que acostumbra usar las encuestas como un elemento delineante de la opinión pública. Tony Blair, el ex premier británico, fue acusado de haber implantado ese método en la vida política de su país. Sin embargo, la diferencia entre el mundo y la Argentina no es menor: las encuestas del exterior son certeras y se las usa para tomar decisiones del Estado o para convencer a los indiferentes.
No hay experiencias en ningún lugar de dobles encuestas, como se hacen en la Argentina. Una encuesta, aparentemente más real, se confecciona con destino exclusivo y secreto para el Gobierno; otra encuesta, donde el Gobierno siempre es el mejor gobierno del mundo, se hace para el consumo popular.
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La mayoría de los encuestadores se equivocó por no menos de 12 puntos en Santa Fe y por no menos de 8 en Córdoba. En ambos casos, la abismal equivocación benefició a los candidatos del oficialismo o, al menos, a los que estaban más cerca de él en un teatro electoral donde Kirchner apuesta en todos lados por todos, incluso por los desahuciados. Los encuestadores se habían equivocado groseramente en Misiones y en Tierra del Fuego. Sólo en la Capital, donde son más visibles, se cuidaron un poco.
La explicación que dieron luego fue que amplias franjas sociales habían cambiado de opinión en las 48 horas previas a los comicios. El arte de los buenos encuestadores es, precisamente, percibir con anticipación los posibles movimientos sociales frente a una elección inminente. No hay necesidad de encuestas ni de encuestadores si son posibles semejantes errores. Es mejor suponer que han preferido quedar como ineptos antes que como mentirosos. La opción en que ellos mismos se metieron no es agradable. Es hora de que regresen a casa o se dediquen a otra cosa.
Quizás esa perversión de un oficio noble haya influido también para que se sembrara la posterior sospecha de un fraude en Córdoba. í‚¿Por qué creer en el resultado de elecciones muy ajustadas si las encuestas son falsas y las mediciones del Indec son tan mentirosas como los encuestadores? Funcionarios y medidores de opinión pública han terminado por componer una política y una economía muchas veces irreales, sumergidas en un país que camina a ciegas.
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION