«Esperamos que esta sea la última elección con boletas múltiples partidarias»

Entrevistamos a Gerardo Scherlis, Director de Reforma Polí­tica en la Secretarí­a de Asuntos Polí­ticos del Ministerio del Interior, y pudimos conocer su opinión sobre los principales temas de actualidad que están disparando la organización de las elecciones legislativas de este aí±o. Conocer su postura en torno al debate que se ha abierto en relación a las Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO); así­ como su posible modificación en el corto plazo. Asimismo, consultamos sobre la decisión del Gobierno respecto al pago de boletas, tema que ha tomado gran repercusión por el caso “Biondini” en la provincia de Buenos Aires.

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AE.       En estos dí­as volvió a tomar notoriedad el debate sobre las PASO, reflexionabas que la cantidad de listas internas no es una buena medida para evaluarlas , ¿Por qué?

Gerardo Scherlis: Bueno, esa es la parte más superficial, la más evidente en la discusión sobre las PASO. En general suele tomarse como medida para evaluar las virtudes o la efectividad de este sistema cuánta competencia hay. Y lo cierto es que este aí±o tenemos una cantidad de listas en competencia, tanto para la categorí­a diputados como senadores, que se incrementó notablemente respecto a todas las experiencias pasadas. Es incluso probable que en muchas agrupaciones haya no solo competencia sino también competitividad. Sin embargo, no resiste demasiado análisis pensar que hay allí­ muchos motivos para festejar. No creo que ese aumento en el número de listas permita reivindicar a las PASO como herramienta en ningún sentido, ni en términos de representatividad, de participación democrática o de funcionalidad y gobernabilidad del sistema.  

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AE.       ¿Cómo impacta la «falsa» competencia en primarias para captar recursos?

GS: El tema de la participación electoral para captar recursos a través de los aportes públicos, y en particular a través de los aportes para impresión de boletas, es conocido desde hace mucho tiempo. Digamos que siempre fue una suerte de lado C en la agenda de la reforma electoral: para muchos partidos pequeí±os el aporte para impresión de boletas siempre fue una forma de financiarse.

Ahora bien, cuando se sancionó la ley de las PASO, la 26.571, se estableció taxativamente que la Dirección Nacional Electoral debí­a otorgar a cada agrupación polí­tica los recursos que le permitan imprimir el equivalente a una boleta por elector. Y que, luego, cada agrupación distribuirí­a ese monto en partes iguales entre las listas oficializadas. Así­ se vení­a haciendo hasta el fallo UNEN de la Corte, del aí±o 2015. En este fallo, la Corte dispuso que el pago de una boleta por elector debí­a hacerse a cada lista oficializada.

De pronto, entre 2015 y 2017 se produce un aumento en el número de listas para Diputados de 235 a 331, es decir un crecimiento mayor a un 40% (en 2013 habí­an sido 268). El caso de la alianza encabezada por Biondini destapó el asunto. Es razonable que haya generado gran indignación que el beneficiario de esto fuera un personaje tan deleznable como Biondini. Pero lo cierto es que son unas cuantas las agrupaciones que oficializan 5, 6 o más listas, algunas más de diez.

No parece muy arriesgada la hipótesis de que la presentación de múltiples listas por agrupación se vio alentada por la expectativa de obtener los aportes para la impresión de boletas por cada lista oficializada. De hecho, esto lo habí­a advertido Fayt en su voto en disidencia en la causa UNEN.

Fayt no solamente dijo lo evidente, que la ley es taxativa en cuanto a establecer que el aporte es por agrupación y no por lista, y que la lectura sistémica de la normativa lleva a la misma conclusión, sino que también observó que la interpretación de pagar por lista podrí­a propiciar una multiplicación ad infinitum de opciones electorales.

De todos modos, el problema fundamental para el sistema polí­tico en este punto no es tanto que algunos vivos puedan llevarse unos cuantos pesos. Esto, por supuesto, es importante por el mal uso de los fondos públicos. Pero el problema algo más de fondo en este caso es que la combinación entre requisitos exiguos para conformar partidos y para oficializar listas en las PASO – cuyos requisitos son además evaluados por las propias agrupaciones-, con la distribución de recursos públicos para boletas por cada lista, va en el sentido opuesto a lo que las PASO vení­an a alentar: un sistema partidario con un conjunto reconocible de fuerzas relativamente consistentes y estables.

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AE.       Desde la Secretarí­a de Asuntos Polí­ticos, del Ministerio del Interior, que medida se tomó respecto a la cuestión de las boletas

GS: La decisión fue sencillamente cumplir la ley. La normativa vigente manda otorgarle a cada agrupación una boleta por elector. Si una agrupación determinada considera que para garantizar su derecho a la participación polí­tica necesita imprimir tantos padrones de boletas como listas compitan, puede por supuesto reclamarlo ante la Justicia. En el caso de Biondini, por ejemplo, si se siguiera el criterio que la Corte usó en 2015 en el fallo UNEN, se tratarí­a de que el estado le diera dinero para imprimir 72 millones de boletas en la Provincia de Buenos Aires. Pero si la Justicia considera que ésta u otra agrupación requieren de un padrón por cada lista para garantizar el derecho a la participación, naturalmente habrá que hacerlo de ese modo.

Lo que el gobierno no podí­a hacer sin incurrir en una grave irresponsabilidad era convalidar alegremente la entrega de decenas de millones de pesos incumpliendo el mandato legal, a partir de una decisión judicial resuelta en otro contexto y para otra situación.

En rigor, si la proliferación de listas no fuera el deliberado resultado de la intención de hacer negocio, tampoco estarí­a avalado por la ley realizar un aporte de esa naturaleza. ¿Con qué criterio puede interpretarse que cada lista interna requiere imprimir una cantidad de boletas equivalente al total del padrón de un distrito? Esto resulta más grotesco cuando se trata de listas de agrupaciones que, en su conjunto, no reúnen más del 1, 2 o 3% de los votos. Pero lo mismo valdrí­a, creo yo, para agrupaciones más potentes. En sentido la cantidad contemplada en la ley como aporte estatal es más que razonable: un padrón completo de boletas para la agrupación.   

Por supuesto, esperamos que esta sea la última elección con boletas múltiples partidarias y que, en el próximo proceso electoral, podamos tener un instrumento de votación garantizado por el estado donde se incluya toda la oferta electoral, sea la boleta única en papel o la electrónica. Situaciones como ésta de la que estamos hablando ratifican la necesidad de salir del esquema actual. Afortunadamente nadie plantea hoy abiertamente argumentos en contra de esta necesidad, pero en los hechos, como sabemos, el cambio es resistido por quienes, de diversos modos, se benefician de este esquema.

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AE. Mencionaste el deseo de avanzar en una reforma del instrumento de sufragio ¿También hay una voluntad de reforma el sistema de selección de candidatos?

GS: Volviendo a la cuestión inicial sobre las PASO, es indudable que debe darse una discusión seria y con una visión sistémica, y no tomar medidas espasmódicas. Mi visión personal es básicamente la siguiente:

Las PASO tuvieron un objetivo principal: ordenar el sistema partidario en un conjunto limitado y reconocible de fuerzas polí­ticas, a través de las reglas sobre la oferta electoral. Para ello se pensó un medio puramente instrumental, el umbral del 1,5%, y otro que puede verse a su vez como un objetivo complementario: garantizar el derecho de las minorí­as partidarias a competir internamente en una elección abierta, para desalentar la opción de salida que llevara a la fragmentación.

Esos objetivos –los de ordenar el sistema y garantizar la competencia– están bien, son encomiables. Pero, al menos por la experiencia acumulada, las PASO no han resultado una herramienta eficaz para alcanzarlos. Más bien los logros en relación con los objetivos han sido modestos. En cambio está claro que las PASO son un instrumento tremendamente exigente, para la sociedad y para el estado.

Tengamos en cuenta que se trata de un sistema que no tiene parangón en el mundo en cuanto obligan a los ciudadanos a participar de primarias. Normativamente, no veo mucha justificación a partir del objetivo declamado: que la gente tome parte en la selección de candidatos. Pero en fin, instrumentalmente sí­ estarí­a justificado si esto lograra los objetivos reales: ordenar el sistema partidario, dotarlo de mayor calidad representativa y funcionalidad operativa, y garantizar los derechos de las minorí­as partidarias. Pero resulta que no se ha avanzado realmente en ninguno de esos objetivos. En otros términos, estamos utilizando un mecanismo comparativamente muy extremo para el derecho electoral comparado, montando una colosal movilización de recursos humanos y materiales, superior a la de una elección general, que involucran a la gestión estatal y a la participación ciudadana, para resultados módicos: ver si se ordena moderadamente la oferta electoral en la elección general.

Me parece también muy importante que las instituciones electorales no sean tan exageradamente engaí±osas con la sociedad. Ahora decimos que se hace una elección para que los ciudadanos participen de la selección de candidatos, cuando en verdad la elección de las PASO tiene para el sistema polí­tico aquella otra finalidad de la que hablaba recién, más allá de que en algunos casos efectivamente sí­ se utilicen para seleccionar candidatos. Claro que si hubiera más competencia en las agrupaciones más relevantes las PASO parecerí­an tener mayor sentido, porque cumplirí­an algo más con el objetivo declamado. Pero en verdad ese seguirí­a siendo en todo caso un efecto secundario en el esquema de las PASO, algo así­ como una consecuencia posible, pero no un resultado deliberado.

Ahora incluso algunos rescatan este sistema porque funciona como una doble vuelta. Bueno, podrí­a ser, pero discutamos entonces la posibilidad de un sistema electoral de doble vuelta para los cargos legislativos.

Mientras tanto las PASO serí­an algo así­ como una institución que podrí­a parafrasear la famosa frase de Menem: la gente me acepta porque de algún modo cree que funciono para elegir candidatos; si la gente supiera para qué estoy realmente, nadie me aprobarí­a.

Por eso pienso que por un lado deberí­an existir reglas que apunten, en la medida en que las reglas pueden hacerlo, a ordenar la oferta electoral y a consolidar un sistema partidario algo más ordenado y estable. Y que también deberí­a haber un régimen que dé la chance a las minorí­as partidarias de contar con una elección abierta para seleccionar candidatos. Pero el artilugio de las PASO es engaí±oso en cuanto a sus fines (le dice a la gente que es para que seleccione candidatos cuando sus operadores saben que es para otra) y poco eficiente en cuanto a sus resultados. 

Seguramente una discusión seria, para después de finalizado este proceso electoral, nos permita pensar en herramientas más razonables en términos de medios y fines, para promover estos mismos objetivos: darle mayor consistencia y claridad a la oferta electoral y asegurar que las minorí­as partidarias puedan tener una competencia interna equitativa. Sobre ambas cuestiones ha habido muchas reformas recientes en la región para observar, con mayor o menor éxito.