Si la reforma política fue ampliamente respaldada por la Cámara de Diputados, una suerte bien distinta correría entre los senadores que responden al peronismo.
De hecho, en los últimos días tomó fuerza el proyecto elaborado por Juan Manuel Abal Medina (Buenos Aires) y Omar Perotti (Santa Fe), quienes impulsan el conteo manual de boletas imprimibles mediante pantallas táctiles, así como el uso de un código QR, reemplazo del chip previsto en la ley que tiene media sanción.
Advirtiendo la dificultad del panorama, funcionarios de Casa Rosada están dispuestos a aceptar la supresión del chip, en tanto defienden el empleo de la tecnología con motivo del escrutinio. Desde ya, semejante flexibilidad responde a una carencia política: sólo aquellos legisladores peronistas oriundos de Salta aprueban la norma sostenida por el jefe de Estado.
Otra controversia gira alrededor de los plazos previstos para la aplicación de la reforma. Previo debate por parte de los diputados, el Gobierno entendía factible que recién hacia 2019 el sistema de boleta electrónica imperase a lo largo y ancho del país. Sin embargo, miembros del Frente Renovador negaron toda gradualidad, y el oficialismo tuvo que alterar sus planes.
Cuando tal punto parecía estar convenido, la bancada que lidera Miguel íngel Pichetto expresó su preferencia hacia la implementación en etapas de una nueva ley electoral. El presidente Macri y sus asesores saben que cualquier asentimiento a esta demanda de los senadores opositores desencadenaría resistencias entre los parlamentarios massistas, cuyo voto será necesario para dar paso a modificaciones concretadas en la Cámara Alta.
Ante los próximos comicios de medio término, el PJ deja de lado la postura dialoguista visible hasta el momento. Cambiemos ya lo percibe.