Sectores de la Justicia y distintos Partidos Políticos solicitan al Gobierno Nacional que finalice la reglamentación de la ley electoral. Por su parte desde el Ejecutivo se minimizó los problemas y se afirma que la nueva ley marcha sin problemas. Más de 300 partidos no alcanzan aún el piso de 4 afiliados cada mil electores.
Preocupan a la Justicia los comicios del año próximo
Laura Capriata
LA NACION
17 de octubre de 2010
Falta un año para las elecciones generales y diez meses para las internas, pero todavía no se sabe con qué reglas se va a votar. En la Justicia, al igual que en la oposición, crece la preocupación por los puntos oscuros que mantiene la ley electoral sancionada por el Congreso a fines del año pasado y que el Gobierno se demora en reglamentar.
La incertidumbre abarca todos los rubros: no hay presupuesto asignado para actualizar los padrones, se desconoce si se autorizarán o no las «listas colectoras», no hay especificaciones sobre el criterio que se usará para distribuir la publicidad audiovisual (sólo se podrán utilizar espacios otorgados por el Estado) y hay enormes dudas acerca de cómo se controlará el financiamiento de las campañas.
Los temores de la Justicia ya se filtraron en una advertencia pública de la jueza electoral porteña, María Servini de Cubría, en particular por la imposibilidad de actualizar los padrones.
Desde los ámbitos político y judicial coincidieron en marcar una ventaja operativa para el oficialismo, el único que sabe de antemano cómo se van a definir esos temas sensibles para el desempeño electoral.
Las señales de alarma son muchas. Se cuestionan algunos aspectos en que la ley es demasiado vaga y otros que se acordaron, pero que no están en condiciones de entrar en vigor. Un tema sensible es el reparto de publicidad. La ley prohíbe completamente la contratación de avisos de campaña en radio y TV. Esos espacios serán asignados por el Poder Ejecutivo a los partidos en todos los medios del país y ocuparán el 10% de la programación los 23 días antes de los comicios.
Pero no termina de definirse con qué criterios se asignarán medios y horarios a cada partido. «Si sacan de la grilla visible a un candidato la última semana, lo hunden, y cuando la Justicia actúe, ya será tarde», advirtió el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Gerardo Morales (Jujuy).
Otro punto que preocupa es el financiamiento. El Gobierno debió pedir en el presupuesto 2011, que ya envió al Congreso, que se fijara el valor del «módulo electoral», una unidad de medida monetaria sobre cuya base se deben calcular los gastos y aportes de toda la campaña (en 2007 había sido de 1,5 pesos por elector). Pero se olvidó de incluirlo, y la justicia electoral tuvo que enviar una nota al Congreso para que lo hiciera con urgencia. No se puede empezar ningún cálculo electoral sin esa medida.
Por otro lado, sólo el operativo judicial previo a las internas costará 15 millones de pesos. Y la nueva ley establece una ambiciosa reingeniería de sistemas, que permitirá dentro de unos 6 años que el padrón contenga foto y huella dactilar de cada elector. «Hasta ahora, no mandaron fondos. Sólo llegaron algunos equipos», confiaron en la justicia electoral.
Tampoco hubo recursos para pasar de los 48 padrones actuales (dos por provincia, femenino y masculino) al nuevo y gran padrón único que deberá aplicarse en las internas abiertas, simultáneas y obligatorias previstas para el 14 de agosto.
Ese padrón unificado implicará reorganizar todas las mesas del país, porque ya no estarán divididas en femeninas y masculinas. El eterno problema de la falta de autoridades de mesa se adelantará a las internas. Para resolverlo, la nueva ley no otorga prioridad a los ciudadanos entrenados, sino al resto, lo que favorecerá el dominio de los militantes.
Del lado de los aportes, la nueva ley unifica la cuenta ordinaria de los partidos con la cuenta especial de campaña. «Es grave para la transparencia porque cuando se mezclen va a ser imposible el control al límite de aportes y gastos a cada partido», opinó Delia Ferreira Rubio, miembro del directorio de Transparencia Internacional. Además, después de los vínculos entre empresas asociadas a la mafia de los medicamentos y la campaña kirchnerista, la ley prohibió la donación de empresas. Pero para Rubio ahora habrá que controlar que no disfracen sus aportes como si fueran donaciones individuales, más difíciles de rastrear.
El Gobierno afirma que la reforma avanza bien
La Nación
17 de octubre de 2010
Para el Gobierno, la nueva ley marcha sobre ruedas y sin inconvenientes a la vista, pese a las quejas de la Justicia y de la oposición.
En la Casa Rosada consideraron que muchos de los reclamos son infundados y que otros obedecen a posiciones que mantienen desde que se discutía la ley, pero que no pudieron imponer en el Congreso.
Uno de los puntos que provoca más suspicacias es el reparto de los espacios publicitarios en radio y TV durante la campaña, una tarea de la que deberá ocuparse la Dirección Nacional Electoral, que encabeza Alejandro Tullio.
«La nueva ley establece que se otorgarán por sorteo, como fue hasta ahora, sólo que en 2011 toda la publicidad se manejará por ese mecanismo», dijo Tullio a LA NACION, que negó que faltaran precisiones sobre el tema.
Sin embargo, admitió que está pendiente definir el corte en las franjas horarias (si se dividirán por hora o por turnos) para sortearlas.
Tullio también aseguró que el presupuesto del Ministerio del Interior de 2011 incluye todas las partidas necesarias para el proceso electoral, y que están muy avanzadas las licitaciones para los equipos informáticos que solicitó la Justicia.
Sobre las juntas electorales partidarias, aclaró que la ley establece que estarán compuestas por un integrante de cada una de las listas de todas las compitan en la interna de ese frente o alianza electoral. «Y todas su decisiones serán apelables ante la Justicia», agregó.
Colectoras
En cuanto a las colectoras, consideró que usarlas o no deberá ser «una decisión de los partidos», y sobre los aportes recordó que muchas agrupaciones habían pedido en su momento que se prohibieran las donaciones empresariales.
Tullio fue uno de los impulsores de la nueva ley, que entre sus puntos principales crea un sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para la selección de los candidatos a presidente, senador y diputado.
La norma, aprobada el último día de sesiones antes del recambio electoral, prohíbe la contratación de espacios de publicidad en televisión o en radio, impide la difusión de encuestas ocho días antes del fin de los comicios, y crea un registro oficial de encuestadores.
Por otro lado, prohíbe los actos oficiales 15 días antes de los comicios y dice que para poder participar de las elecciones generales los candidatos deberán superar el 1,5 por ciento de los votos emitidos en las internas.
LAS DUDAS, TAMBIEN EN LA PROVINCIA
En Buenos Aires también existe una gran duda por la reglamentación de los cambios electorales que se aprobaron en la provincia. La gran duda es si se aprobarán o no las listas colectoras y cómo se organizarán las internas. El gobernador Daniel Scioli sólo prometió que pegará las elecciones a las nacionales.
Hay 373 partidos en riesgo de desaparecer por el nuevo régimen
La Nación
17 de octubre de 2010
La reforma política que el Gobierno logró aprobar a fin del año pasado está a punto de mostrar la cara de los perdedores: son los 373 partidos que se acercan a desaparecer porque no cumplen los requisitos necesarios que la nueva norma establece.
Entre los más perjudicados en el plano nacional está todo el abanico de los partidos de izquierda, como el Partido Comunista (PC), el Polo Obrero (PO), el Partido Socialista Auténtico (PSA), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista, entre otros.
Pero incluso agrupaciones más grandes como el propio kirchnerismo, la Coalición Cívica de Elisa Carrió o la Unión Celeste y Blanco de Francisco de Narváez tienen problemas en alguna provincia.
Una de las claves de la nueva ley es que obliga a todos los partidos a tener un mínimo de cuatro afiliados cada mil electores en todos los distritos, y mantener ese piso.
Además, para competir a nivel nacional y presentar, por ejemplo, candidato presidencial, una agrupación necesita estar reconocida en al menos cinco provincias.
Eso es un problema para los partidos de izquierda, con poca penetración en el interior. Al tope de los perjudicados está el PC, porque la Justicia ya dictó su caducidad en 6 distritos (incluida la Capital). Sin embargo, la decisión fue apelada (casi todos los partidos lo hicieron), y aunque pierda esa instancia, el PC está firme en otros 11 distritos.
El resto tiene menos suerte. Al PO de Néstor Pitrola le declararon la caducidad en 4 de los 8 distritos donde estaba aprobado y al PTS en 3 de 6 provincias. En una situación similar están el PSA que lidera Mario Mazzitelli (aliado de «Pino» Solanas) con 2 provincias perjudicadas sobre 5, y la Izquierda Socialista, con 3 distritos sobre 6.
El partido de Carrió corre peligro sólo en dos provincias sobre 19 conquistadas.
Poniendo la lupa por distrito, hay otras agrupaciones grandes a las que les cuesta llegar al cálculo de 4 afiliados cada 1000 electores. En Capital, al Partido de la Victoria, integrante del frente kirchnerista porteño, le faltan más de 700 firmas para llegar a las 4000 exigidas en la ciudad, y el GEN de Margarita Stolbizer, que se lanzó hace poco en Capital, apenas presentó 6 afiliados, según datos de la Cámara Nacional Electoral computados hasta junio.
En la provincia de Buenos Aires, al partido de De Narváez todavía le faltan cerca de 500 afiliados; en cambio, la Concertación Plural (radicales K) apenas necesita 16 más.
El problema de Castells
El Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), de Raúl Castells, es un caso aparte. Aunque está cerca de llegar a las 4000 afiliaciones, fue declarado caduco en la provincia porque no llegó al 2% de votos en las dos últimas elecciones. Esa condición, que rige desde 2007, es otro de los escollos que los partidos con poca representatividad no logran superar.
«Es una ley discriminatoria que impusieron el PJ y la UCR, porque quieren quedarse siempre los mismos», se quejó Nina Pelozo, esposa de Castells y dirigente del MIJD.
Los números podrían darle la razón. El PJ y la UCR son los únicos partidos aprobados en los 24 distritos del país. Además, no sufrieron impugnaciones en ninguno. Les sigue en despliegue el Partido Socialista, presente en 20 provincias, pero observado en una.
En cambio, Pro, el partido de Mauricio Macri, no sufrió impugnaciones, pero por ahora sólo funciona en 19 distritos, igual que la CC.
«Esta ley sólo beneficia al justicialismo y a la UCR, y perjudica a todos los demás, sobre todo a la izquierda», coincidió Patricio Echegaray, secretario general del PC, que funciona en el país desde 1918.
El Gobierno no opina lo mismo, y la Presidenta vetó los artículos de la ley que daban plazo hasta 2012 para cumplir los nuevos requisitos.
La justicia electoral y muchos especialistas críticos de la reforma le dan la razón al Gobierno en ese punto. «Es imposible organizar un sistema electoral con 700 partidos. Además, hay 9 auditores para fiscalizar el financiamiento de todos», razonó una fuente judicial.
También creen que una limpieza electoral ayudará a achicar el negocio de los «partidos sello», creados para cobrar el porcentaje de fondos que el Gobierno reparte por igual entre todas las agrupaciones o venderlo en época de campaña al mejor postor.